El pasado día 5 de agosto tuve el placer de participar en Arenys de Lledó (comarca del Matarraña) en una mesa redonda sobre el tratamiento de la lengua catalana en el Estatuto de Autonomía de Aragón, dentro de la 16ª Trobada Cultural del Matarranya, que organiza cada año la Associació Cultural del Matarranya. Acompañado por Paco Oliver, presidente comarcal de CHA, tuve la oportunidad de señalar los incumplimientos y contradicciones de PSOE, PP, PAR e IU, que se encontraban representados por los diputados José Ramón Ibáñez, socialista, y Miguel Navarro, popular, así como por alcaldes y presidentes de Consejos Comarcales de PSOE y PAR (IU no envió representación a la mesa redonda).
Comencé exponiendo que uno de los objetivos fundacionales de CHA era precisamente el reconocimiento de la realidad trilingüe de Aragón y la normalización de sus lenguas propias, aragonés y catalán. Aclaré que normalizar era “elevar a categoría de normal lo que en la calle era simplemente normal”, como dijo Suárez en la Transición sobre otros asuntos. Y que en nuestras calles es normal hablar otras lenguas distintas del castellano, lenguas que son patrimonio cultural vivo que no podemos dejar morir. CHA lleva ya once años con representación en las Cortes de Aragón y en ese tiempo hemos usado el aragonés y el catalán en los discursos más importantes, hemos formulado preguntas trilingües y hemos impulsado la creación de una Comisión especial de estudio sobre la política lingüística que dio lugar a un Dictamen aprobado por el Pleno de las Cortes en 1997 que señala perfectamente el camino hacia el reconocimiento del aragonés y del catalán como lenguas propias, que deben ser cooficiales en sus respectivos territorios mediante la aprobación de una Ley de Lenguas. Y también hemos realizado esfuerzos para que el nuevo Estatuto recogiera las conclusiones de ese Dictamen, reconociendo expresamente al aragonés y catalán como lenguas de Aragón, a cuyos sistemas lingüísticos respectivos pertenecen todas las variedades lingüísticas locales o comarcales que se hablan en Aragón, y recogiendo explícitamente su cooficialidad en sus respectivos territorios.
Sin embargo, no lo hemos conseguido. La reforma del Estatuto ha sido una oportunidad perdida, con importantes renuncias, entre ellas, no sé si la más importante, pero sí enormemente significativa, la lingüística. La enmienda de CHA al artículo 7º, en la línea del Dictamen aprobado en su día, fue rechazada por PSOE, PP, PAR e IU. Un auténtico Cuatripartito que nos ha impuesto un Estatuto en el que no se han atrevido a llamar a las lenguas de Aragón por su nombre y a recoger la cooficialidad.
En treinta años de democracia, probablemente el único derecho que no ha avanzado en Aragón ha sido el de los 100.000 aragoneses hablantes de catalán y de aragonés (según el censo lingüístico de 1981), dos comunidades lingüísticas que llevan décadas esperando una Ley de Lenguas.
¿Se imaginan que la Constitución española no dijera cuál es la lengua de España y se remitiera a una ley posterior, y que esa lengua no fuera oficial hasta que se aprobara una ley de lenguas que lleva 24 años de retraso? Alucinante. Lo mismo ha ocurrido con la reforma del Estatuto de Aragón. Igual de impresentable y de inadmisible.
La sensación es bien triste. Si con un Presidente al que se le supone sensibilidad con esta materia, como Marcelino Iglesias, que es catalanoparlante, el Gobierno no se ha atrevido a remitir a las Cortes de Aragón un proyecto de ley de Lenguas (incumpliendo sus compromisos de las dos investiduras, la de 1999 y la de 2003), y no se atreve a resolver con claridad y con justicia la cuestión lingüística en la reforma del Estatuto, ni siquiera se atreve a mencionar el aragonés y el catalán en el Estatuto,… ¡¿qué más podemos esperar?!
Ciertamente la gente de la comarca estaba indignada y manifestaron contundentemente la sensación de haber sido defraudados por el PSOE. El diputado socialista sólo pudo excusarse en la falta de apoyo del PP para poder ir más allá en el Estatuto y para poder aprobar una Ley de Lenguas que quieren que sea de consenso. Por supuesto, no desaproveché la oportunidad de replicarle: Ceder al PP el derecho de veto en el Estatuto o en la Ley de Lenguas era una barbaridad, un grave error del PSOE y de Iglesias, que terminarán pagando.
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